Cuando el 22 de julio de 2005, el por entonces ministro de Economía Roberto Lavagna dictó la Resolución 406, elevando los derechos de exportación de los productos lácteos, la idea no era aumentar la recaudación fiscal sino controlar una posible escapada de los precios.
Esto quedó claro en los fundamentos de resolución, cuando escribió que «el gobierno nacional se ve obligado, en el marco de la política de ingresos, a aplicar derechos de exportación adicionales a los ya vigentes, con el propósito de mantener el nivel de los precios internos de los productos lácteos».
Con el argumento de la protección del poder adquisitivo del salario, los derechos de exportación de las leches ( fluidas, en polvo, cremas, etc.) fue llevado de 5% a 15%, mientras que el de los quesos se elevó de 5% a 10%.
Este objetivo fue tan claro que en la resolución, el ex ministro escribe que «las medidas que se propician son de carácter temporario» y que «es intención del gobierno nacional que el producido de la medida sea volcado al sector tambero para apoyar su desarrollo».
Ahora bien, un estudio realizado por RIA Consultores a partir de datos de la Dirección General de Aduanas (ver cuadro), muestra que en el período que va del 22 de julio de 2005, momento en que se elevaron las retenciones, al 25 de agosto de 2006, cuando se retrotrajeron (aunque parcialmente en el caso de la leche), las exportaciones totalizaron 837,27 millones de dólares.
Este total se compone de u$s 674,73 millones por leches y de u$s 162,54 millones por quesos. Aplicando al primer ítem 10% del adicional de las retenciones, y al segundo, 5%, nos da que el diferencial de recaudaciones en este período trepó a u$s 75,60 millones, algo así como $ 234 millones.
En vez de eso, el Estado nacional ha destinado $ 9 millones por año para financiar el denominado Programa de Apoyo al Sector Tambero, que prevé el subsidio de la tasa de interés de créditos al sector, otorgados a cinco años. Es decir, que está previsto desembolsar desde el Tesoro nacional un máximo de $ 45 millones, o sea 19% de lo recaudado.
¿Qué se podría hacer con los $ 234 millones efectivamente ingresados a las arcas públicas? Hacer una hectárea de un buen silo de maíz cuesta entre $ 1.200 y $ 1.500 considerando costos de implantación, picado y confección del silo (números aproximados). Ergo, se le podría «regalar» a los productores tamberos entre 150.000 y 200.000 hectáreas de maíz para que hagan reservas forrajeras.
Una hectárea de este maíz puede rendir 30.000 kilos de materia verde. Considerando que una vaca de alta productividad sobre un verdeo de avena puede requerir 15 kilos de silaje (en materia verde) por día, más el concentrado (base grano de maíz), con esta superficie se podría suplementar a no menos de 2,5 millones de vacas en ordeñe durante 120 días.
¿Cuánta más leche se podría producir con 200.000 hectáreas adicionales de silaje? Con una agresiva política de promoción exportadora, sumada a los factores macroeconómicos (tipo de cambio) y facilidades para la producción, fácilmente se podría acelerar el proceso virtuoso de incremento de la productividad, volcando más oferta hacia el mercado externo (y manteniendo los precios a raya) y capturando las oportunidades de la necesidad del mundo por proteínas animales.
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